Al principio, los fundadores de Google vieron su algoritmo como un reflejo imparcial del mismo internet. Utilizaba un análisis llamado PageRank, que lleva el nombre del cofundador Larry Page, para determinar el valor de un sitio web al evaluar cuántos otros sitios web estaban vinculados a él, así como la calidad de esos otros sitios, según la cantidad de sitios vinculados a ellos.
La filosofía era: “Nunca interferimos en la búsqueda, de ninguna manera. Si comenzamos a interferir en los resultados de búsqueda, nos convertiremos en un trinquete unidireccional hacia un internet curado, y ya no seremos neutrales”, dijo Danielle Citron, profesora de derecho en la Universidad de Virginia. Hace una década, Citron presionó a Google para que impidiera que la llamada “pornografía de venganza” apareciera en la búsqueda del nombre de alguien. Al principio, la compañía se resistió.
Google articuló su punto de vista de no intervención en una declaración de 2004 en la que justificaba por qué su motor de búsqueda estaba apareciendo en sitios web antisemitas en respuesta a las búsquedas de la palabra “judío”.
“Nuestros resultados de búsqueda se generan de forma completamente objetiva y son independientes de las creencias y preferencias de quienes trabajan en Google”, dijo la compañía en el comunicado, que eliminó una década después. “Los únicos sitios que omitimos son aquellos que legalmente estamos obligados a eliminar o aquellos que intentan manipular nuestros resultados de manera maliciosa”.
Las primeras intervenciones de Google en sus resultados de búsqueda se limitaron a cosas como spam y películas y música pirateadas, como lo exigen las leyes de derechos de autor, así como información financiera comprometedora como, por ejemplo, los números de Seguridad Social. Recientemente la compañía ha desempeñado, a regañadientes, un papel más activo en la limpieza de los resultados de la búsqueda de personas.
El caso más notable se produjo en 2014, cuando los tribunales europeos establecieron el “derecho al olvido”. Los residentes de la Unión Europea pueden solicitar que se elimine de los motores de búsqueda lo que ellos consideren información inexacta e irrelevante sobre ellos.
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Google luchó sin éxito contra el fallo judicial. La empresa dijo que su función era hacer accesible la información existente y que no quería participar en la regulación del contenido que aparecía en los resultados de búsqueda. Pero debido a que se estableció como un derecho, Google se ha visto obligado a eliminar millones de enlaces de los resultados de búsqueda de nombres de personas.
